El proceso de incapacitación está pensado para proteger a las personas que ven mermadas sus capacidades, siendo otra persona la que les sustituye (tutor) para determinadas situaciones de su vida diaria. En todo momento, el procedimiento tiene como interés principal el bienestar del presunto incapaz, debiendo intervenir el Ministerio Fiscal para velar por el mismo.
Para poder iniciar el procedimiento, es necesario que el presunto incapaz sufra algún tipo de enfermedad física o psíquica que le impida gobernarse por si misma. La persona que le sustituya en aquellas situaciones en las que no pueda actuar por sí mismo tendrá también una serie de obligaciones.
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